Recopilamos una serie de artículos destacados de esta semana: 

  • El sistema agrario y la crisis en Europa
  • La decisión de la UE de relajar las restricciones al uso de plaguicidas
  • Sequía en Catalunya: por qué las desaladoras y el agua en barcos no son la solución



Los agricultores europeos se enfrentan a una crisis real

Los agricultores de toda Europa están asfixiados. Muchas explotaciones, sobre todo pequeñas, se han visto obligadas a cerrar. Pero cuando los políticos y los grandes grupos de presión agrícolas culpan a la legislación ambiental europea, no sólo están engañando a los y las agricultoras, sino que están poniendo en peligro su supervivencia.

El enfado de las personas que trabajan en el campo es legítimo y lo compartimos. En sólo 15 años, la UE ha perdido casi el 40% de sus agricultores, casi exclusivamente pequeños y medianos, que han quebrado o han sido comprados por sus competidores, cada vez más grandes. 

Los verdaderos problemas de los agricultores

El problema es cómo la agricultura y más ampliamente el sistema alimentario, está organizado en Europa. Entre los muchos problemas a los que se enfrentan los agricultores, destacan tres:

  • En primer lugar, las subvenciones, la normativa y los mercados de la UE están orientados a beneficiar a los más grandes. El reparto de las subvenciones públicas a través de la Política Agraria Común (PAC) de la UE recompensa a los mayores terratenientes y a las explotaciones más industrializadas, ya que la mayor parte de los fondos de la PAC se distribuye en función de las hectáreas de tierras agrícolas en propiedad.
  • En segundo lugar, la gran distribución y las empresas alimentarias imponen precios bajos a los productos de los agricultores.
  • En tercer lugar, las multinacionales agroquímicas exprimen a los agricultores al subir el precio de los insumos, como las semillas híbridas, los plaguicidas, los fertilizantes y los medicamentos para animales. Esto expulsa del mercado a los pequeños productores, ya que sólo las explotaciones industriales pueden sobrevivir vendiendo a precios bajos, mientras soportan costes de insumos más elevados. El mensaje a las explotaciones familiares es: ¡hazte grande o lárgate!

 

Agricultora gallega sufriendo la sequía en sus cultivos

El acuerdo con Mercosur, otro culpable

Otro de los legítimos objetivos de las quejas agrarias es el acuerdo entre la UE y Mercosur. Las negociaciones sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur aumentan la presión, ya que la agricultura y la ganadería podrían servir de moneda de cambio a otros sectores europeos para acceder al gran mercado latinoamericano. La ratificación del acuerdo abriría la puerta a la importación de cantidades ingentes de carne de vacuno, a menudo responsable de una deforestación y degradación forestal masivas. Cabe recordar que Greenpeace y otras organizaciones ecologistas nos estamos opononiendo sistemáticamente a ese acuerdo desde hace años, mientras algunas fuerzas políticas que dicen apoyar a los agricultores insisten en apoyarlo.

 

Como eslabón más débil de la colosal maquinaria que produce nuestros alimentos, los agricultores tienen razón para estar preocupados. 


Los agricultores, asolados por los impactos de la crisis climática 

En la actualidad, las sequías provocan pérdidas económicas anuales de unos 9.000 millones de euros en la UE y el Reino Unido, principalmente por los daños sufridos por el sector agrario. 

La actividad humana ha desencadenado una crisis climática y de biodiversidad, donde los sistemas alimentarios mundiales han sido el principal causante de la pérdida de biodiversidad. El calor extremo y la sequía, los incendios forestales, las inundaciones y las tormentas han asolado Europa, y especies vitales para la producción de alimentos – cómo las abejas y otros polinizadores –  están desapareciendo rápidamente, y eso es solo el principio. Una sola catástrofe climática podría aplastar a las pequeñas y medianas explotaciones que ya luchan por mantenerse a flote. 

 

El Pacto Verde europeo, ¿perjudica a los agricultores?

Es sorprendente que se culpe al Pacto Verde de perjudicar a los agricultores cuando ¡no se ha aprobado ninguna de las principales normas del Pacto Verde! Igualmente, tampoco se han alcanzado los objetivos de la estrategia «De la granja a la mesa«, a pesar de que habrían beneficiado a los agricultores. Para acallar las protestas, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la retirada del Reglamento que planteaba reducir en un 50% el uso de plaguicidas en toda Europa, lo que hubiera podido generar menos dependencia de los agricultores frente a los caros insumos agroquímicos, y hubiera podido abrir la puerta a la prácticas más sostenibles, como la lucha integrada de plagas.

La actualización de la Directiva sobre Emisiones Industriales (DEI), que debía limitar las emisiones contaminantes masivas de las mayores explotaciones ganaderas, podría haber contribuido a mitigar la crisis climática, pero acabó avivándola al flexibilizar las normas para las mayores explotaciones porcinas y avícolas y a dejar fuera, una vez más, las de vacuno. El plan de introducir una legislación marco para un «sistema alimentario sostenible» se desechó antes de convertirse en un proyecto oficial de la UE, y la prometida actualización de las condiciones de bienestar animal se abandonó.

 

Terminar de leer el post en la web de Greenpeace España.


Greenpeace lamenta el anuncio de la presidenta Von der Leyen de relajar las restricciones al uso de plaguicidas

  • El uso de plaguicidas es una amenaza para la biodiversidad, para el agua y para la salud. No habrá agricultura sin biodiversidad.
  • Algunas de las protestas del sector agrícola son legítimas, pero no pueden suponer la eliminación de la legislación ambiental
  • Algunos estudios sugieren que el uso de plaguicidas en la UE tiene un coste de hasta 2.300 millones de euros anuales

“Inadmisible y claramente perjudicial”, así califica Greenpeace el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de retirar parte de la legislación europea que pretendía reducir el uso de plaguicidas en la agricultura, para acallar así una de las demandas de las protestas agrarias.

Para Greenpeace, es inconcebible que la primera medida de supuesto “apoyo” al sector agrario tras sus protestas consista paradójicamente en envenenar el campo. “Este tipo de anuncios contribuyen al descrédito de nuestra agricultura en lugar de protegerla”, señala Helena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace. “Entendemos y apoyamos numerosas reivindicaciones del sector agrario; por eso no comprendemos que se les quiera hacer este regalo envenenado”, ha añadido. “Este anuncio no es un apoyo a los agricultores y agricultoras, asfixiados por la diferencia de precios entre la producción y la venta o por la competencia desleal, sino un regalo para el lobby agroindustrial”, concluye.

Según la organización ecologista, los plaguicidas son un grave problema ambiental, tanto para la biodiversidad como para la contaminación de suelos y aguas. Pero además son un problema para la salud de los agricultores y agricultoras y una amenaza para el modelo de negocio de los productores, por el fuerte rechazo que generan entre los consumidores.

Greenpeace recuerda que algunos estudios señalan el enorme coste, no solo social y humano, sino económico de estas sustancias en la agricultura europea. Estas fuentes apuntan a un coste anual de unos 2.300 millones de euros -tratamiento de enfermedades, descontaminación de aguas, subvenciones que reciben los fabricantes de plaguicidas, exenciones fiscales, etc-. Este coste es más del doble de los beneficios empresariales de este sector, de unos 900 millones netos en la UE. En concreto, en España, el sistema alimentario actual, tan dependiente de plaguicidas, tiene unos costes ocultos a nivel de salud, medioambiental y social que fueron calculados en torno a 150.000 millones de dólares en 2020 (según el último estudio de la FAO de 2023), y que es aproximadamente equivalente al gasto total público en Salud y Educación en un año. Siendo el mayor coste oculto, el sanitario, de 115.000 millones (más que el gasto en salud de 95.000 millones).

Además, el lobby agroquímico gasta unos 10 millones de euros anuales en influir en la agenda política de las instituciones europeas, y concretamente, España, fue el país de la UE que más plaguicidas utilizó en 2020, con 75.774 toneladas, según un reciente estudio de Amigos de la Tierra. Según datos de la ONU, en todo el mundo, el uso de plaguicidas provoca unos 385 millones de casos de intoxicación no intencional cada año y los agricultores son las principales víctimas, con unas 11.000 muertes anuales.

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Sequía: por qué las desaladoras y el agua en barcos no son la solución

Estos días no han cesado las noticias asociadas con las desaladoras o desalinizadoras. El debate está ahí: agua desalada, ¿sí o no? Pero como todo, la respuesta no es tan simple, ni tampoco tan evidente. 

Desalar agua no es nuevo, se trata de un proceso que separa la sal del agua del mar o de las aguas salobres para hacerlas potables o útiles para otros fines. La tecnología más extendida actualmente es la ósmosis inversa. El proceso es simple, mediante la aplicación de una presión mecánica se logra hacer pasar el agua salada a través de una membrana artificial para separarla de la sal y así obtener agua pura (50% agua dulce, 50% salmuera).

Pero todo este proceso conlleva varias consecuencias y problemas:

El problema de la energía

La energía eléctrica que se consume: el proceso para vencer la presión osmótica de las membranas (70 kg/cm2), bombear el agua desde su origen y después a los depósitos de almacenamiento y finalmente para verter el residuo al mar requiere grandes cantidades de energía.

El problema de la salmuera

El residuo de las desaladoras, la salmuera. Se trata de un vertido contaminante muy concentrado en sales, que presenta diferencias de pH y temperatura respecto del agua original y contiene productos químicos como biocidas, anti-incrustantes, anti-espumantes y metales pesados, que luego son vertidos al mar, no sin impacto.

El impacto en la costa

Un impacto paisajístico de la propia construcción de la planta desaladora en zonas costeras: hablamos de grandes complejos industriales en nuestras ya castigadas costas.

El coste económico

El precio: actualmente desalar 1 metro cúbico de agua consume unos 3 kW frente a los 50 kW/m3 de hace unos años, esto supone que los 1.000 litros de agua cuesten entre 0,70-0,80 céntimos de euro, dependiendo de la planta. Hablamos de pagar un alto precio económico por un proceso que la naturaleza nos regalaba.

El ‘efecto llamada’

Otro de los problemas indirectos que plantea también la desalación es el gran impacto social que pueden generar estas instalaciones al abonar la falsa idea del agua como recurso infinito y alentar la construcción de nuevos desarrollos y complejos urbanísticos en la costa (urbanizaciones, hoteles, campos de golf, parques temáticos…).

Las desaladoras no pueden servir en ningún caso para fomentar y/o consolidar políticas agrícolas, ganaderas, urbanísticas y turísticas con crecimientos incontrolados y dar por bueno un modelo insostenible de desarrollo que llevaría aparejado una brutal destrucción de los ya diezmados recursos naturales de la costa mediterránea. 

Las desaladoras están de actualidad porque la falta de agua nos hace agudizar el ingenio: falta agua en una comunidad, llevemos el agua desalada en barco a otra comunidad. Está claro que nadie debe sufrir las consecuencias de la falta de agua, pero solucionar un problema no solo de sequía, sino de sobreconsumo y de desertificación moviendo agua de aquí para allá, solo es un parche que no soluciona el problema. 

Mover agua en barcos, hacer más embalses, o más desaladoras no va a solucionar la sequía, tampoco va a hacer que llueva. Por todo ello, la desalación debería ser la última de las opciones a adoptar entre todas las actuaciones posibles. Existen medidas de optimización de los recursos hídricos más rápidas y económicas para combatir las sequías que vendrán en el futuro. Ello permitiría evitar la construcción de muchas de las plantas proyectadas con inversiones millonarias que podrían destinarse a ayudas y mejoras de los sectores afectados. 

«La desalación debería ser la última de las opciones a adoptar entre todas las actuaciones posibles«

Por eso tenemos que plantear políticas estatales para preservar nuestras reservas naturales y estratégicas de agua, que son nuestros acuíferos, es decir, estimar cuánta agua vamos a tener y cuánta agua podemos gastar y en qué. Y por ahora sabemos que el agua “se nos va” en robos, en pozos ilegales, en regadíos de agricultura intensiva, y por si fuera poco la que nos queda acaba contaminada por los nitratos de agricultura intensiva y macrogranjas. Debemos proteger estas reservas estratégicas de la sobreexplotación, el robo de agua y de la contaminación provocadas por la desmesurada agricultura y ganadería intensiva e industrial. Y adaptar nuestro crecimiento al agua disponible ahora y en el futuro, pues en ello nos va la vida. 

Si algo ha quedado claro, y debería servir para avanzar, es que el cambio climático está aquí, traerá más sequías y menos agua. Hay que avanzar y trabajar en la línea de tener “agua para todos, pero no agua para todo”.